El pasado mes de julio, la familia fundadora de la farmacéutica española Grifols y el fondo de inversión canadiense Brookfield reconocieron conversaciones para hacerse con el 100% de la compañía y excluir a la empresa, que posee una planta de producción en Las Torres de Cotillas, de su cotización en Bolsa.
La opa de Brookfield suponía el pago de un precio de 10,50 euros por cada acción Clase A, lo que representa una prima del 22% sobre el precio no afectado, y de 7,62 euros por cada acción Clase B, lo que hacía un total de 6.450 millones de euros, si bien considera que la oferta no era vinculante.
A través de una nota de ‘información privilegiada’ remitida hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Comité de la Transacción del Consejo de Administración de Griolfs, indica que este precio supone una “infravaloración” de la compañía, dado su potenciar a largo plazo, y desaconseja la venta por este precio. Horas después de la 'recomendación' del Comité de Transacción, el Consejo de Administración, que se reunió con carácter de urgencia, compartió la misma idea y rechazó la propuesta de Brookfield.
Investigación judicial
Entre tanto, hoy también se ha conocido que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción para investigar a la firma de análisis estadounidense Gotham City, a General Industrial Partners LLP (GIP) y varios de sus directivos por acusar a Grifols de falsear sus cuentas, para tratar de tirar a la baja el precio de las acciones de la farmacéutica con informaciones engañosas.
